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LA INCREDULIDAD NORMATIVA DE BOGOTA

by en agosto 23, 2012

POR WILBEN PALACIOS BARRERA

Uno de los presupuestos de cualquier sistema social y jurídico, es la credibilidad, la confianza y quizás la obediencia a la Ley. En el caso Bogotano aplica el “quizás” como un modelo de conducta que se predica de la administración distrital.

Supone la ciudadanía que las normas han sido proferidas para ser cumplidas y que nacen de un proceso “lógico” de formación jurídica de las reglas de derecho. Bueno eso suponía yo como ciudadano. Pero he visto con cierto temor, que por el contrario hay un desamparo normativo en la ciudad capital de Colombia Bogotá D.C.

Como ejemplo del desamparo normativo se puede citar el Decreto Distrital 113 de 2011[1]. Esta norma es la conclusión años de trabajo de varias administraciones distritales. En la que se buscaba el desarrollo ordenado de un sector importante de la localidad de Bosa, mediante el instrumento de plan parcial.[2]

Imagen del sector.

Es a través de la norma en comento, que se concretaron las condiciones de desarrollo del sector.

Ubicación del plan parcial en el sector de Bosa Bogotá D.C[3]

En la actualidad, pese a ser una norma revestida de legalidad y con plena vigencia, la administración distrital ha insistido en su no aplicación, aduciendo la existencia de condiciones de riesgo por posible inundación en el sector de campo verde. Evitando en consecuencia el desarrollo del sector y la aplicación de la norma.

Es evidente que cualquier señalamiento en torno a riesgo genera un impacto mediato en la opinión pública, sin que se avance en mayores discusiones, solo dejando en el ambiente el mensaje de riesgo, nacido de la percepción.

La administración distrital señaló que en torno a la de construcción de vivienda de interés social en los terrenos de Campo Verde, que “esa no es la única zona para dar solución viable al problema de vivienda en Bogotá, se cuenta con otros terrenos en el Centro Ampliado[4] de la capital, pero se necesita el tiempo[5] que requiere un proceso de gestión urbana. La administración busca zonas donde los ciudadanos no corran ningún riesgo de inundación”[6]. (pies de página 3 y 4 fuera de texto)

A titulo ilustrativo, es necesario acotar que el proceso que se consolidó con la expedición de la norma lleva más de una década en gestación. A este respecto, en agosto de 2001, METROVIVIENDA[7] (el banco de tierras distrital para Bogotá D.C.) realizó la segunda convocatoria pública para seleccionar terrenos susceptibles de ser desarrollados bajo la modalidad de Proyecto Asociativo, donde inversionistas particulares (propietarios de los terrenos) aportaban sus inmuebles y la entidad otorgaba los recursos necesarios para su urbanización y comercialización. El banco de tierras distrital, analizó los terrenos ofrecidos para el desarrollo de la ciudad en los términos del Decreto 619 de 2000[8] debidamente concertado ambientalmente con la CAR, y según el concepto emitido por el Comité Sectorial de Gestión Urbana y Habitacional, y apoyado en los conceptos técnicos de viabilidad suministrados por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA , por la Dirección de Prevención y Administración de Emergencias – DPAE, por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital – DAPD, por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, por la Corporación Autónoma Regional – CAR, y por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB, se seleccionó el predio denominado Campo Verde localizado en la Localidad de Bosa.

Es decir, que desde hace varios años se ha discutido en torno al desarrollo del sector en las diferentes entidades distritales.[9]

El predio correspondía a una propiedad privada de un ciudadano, quien se asocio con una entidad pública para el desarrollo de un proyecto que constaba de varias fases tendientes al desarrollo del urbanismo[10] del sector. A este respecto, tal como se consigna en el decreto que es objeto de cometario, mediante la escritura pública Nº 2450 del 23 de agosto de 2002 de la Notaría 48 del Círculo de Bogotá, D.C., aclarada y modificada mediante la escritura pública Nº 2643 del 6 de septiembre de 2002, otorgada ante la misma Notaría, el señor Jesús Adonai Ochoa Forero[11], Metrovivienda y la Fiduciaria de Occidente S.A. celebraron un contrato de fiducia mercantil, denominado el “Fideicomiso Ciudadela Campo Verde”.

Esta descripción del proceso implica que un ciudadano y hoy varias constructoras privadas que se han “asociado” al proyecto, depositaron su confianza, sus recursos y su esfuerzo en el desarrollo futuro para la habilitación de un suelo que cuenta con un gran potencial real para el desarrollo de vivienda de interés social.

Este proceso de desarrollo del suelo de Campo Verde en Bosa, que nació por voluntad pública y que ha surtido todos los procesos legales y administrativos, ha concluido con la adopción de una norma el Decreto Distrital 113 de 2011. Pero se ha detenido ante la declaración de la administración distrital, que no quiere dar aplicación a la norma, bajo un anuncio de riesgo, que es completamente advertido y controlable.[12] Es evidente la posible ruptura del principio de la confianza legítima que consiste en una “proyección de la buena fe que debe gobernar la relación entre las autoridades y los particulares, partiendo de la necesidad que tienen los administrados de ser protegidos frente a actos arbitrarios, repentinos, improvisados o similares por parte del Estado. Igualmente, ha señalado que este principio propende por la protección de los particulares para que no sean vulneradas las expectativas fundadas que se habían hecho sobre la base de acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, y consentido expresa o tácitamente por la administración ya sea que se trate de comportamientos activos o pasivos, regulación legal o interpretación normativa.”[13]

Estamos en la actualidad frente a una posición interpretativa de la administración distrital que atenta contra el principio enunciado de confianza legitima y la seguridad jurídica.

Bogotá D.C. quizás pasa por alto la importancia de la Ley 1537 de 2012[14] y soslaya su importancia, sin medir de manera concertada y analítica las consecuencias de su actuar errático. Debe reiterarse que la ley tiene como objeto señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de Vivienda de Interés Social y proyectos de Vivienda de Interés Prioritario destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda.

Los cupos de vivienda gratuita peligran en Bogotá D.C. cuando las autoridades piden tiempo[15] y han tenido más de una década para tomar decisiones. Decisiones que son sometidas a suspenso por impresiones que impiden la aplicación de las normas como el Decreto Distrital 113 de 2011.


[1] “Por el cual se adopta el Plan Parcial “Campo Verde”, ubicado en la Localidad de Bosa.”

[2] Los planes parciales son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales

[3] Fuente de la imágenes presentación power point secretaria de hábitat Bogota.

[4] Sin operación actual y en proceso de reglamentación normativa (en desarrollo).

[5] La norma que regula los procesos de vivienda gratuita por parte de la nación solo da un plazo cercano al 21 de septiembre de 2012. Una vez se cumpla dicho plazo, el cupo de viviendas gratuitas asignado a Bogotá, será entregado a otros municipios. Un ejemplo de un municipio comprometido es Girardot Cundinamarca, que entrego terrenos para posibilitar la construcción de cerca de mil ochocientas viviendas 1800. Ver Ley 1537 de 2012 y el contrato de fiducia mercantil 306 de 2012 Fidubogota y Fonvivienda.

[8] Plan de ordenamiento territorial de Bogotá D.C.

[9] El 4 de abril de 2003 mediante radicación de consulta preliminar 1-2003-09143 ante el entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital hoy Secretaría Distrital de Planeación, se inició el proceso de trámite de plan parcial, luego de adelantar los estudios técnicos correspondientes. El 16 de junio de 2003, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital hoy Secretaría Distrital de Planeación mediante oficio 2-2003-12752 da respuesta a la consulta preliminar de plan parcial y en noviembre del mismo año se radicó la primera versión del proyecto del plan parcial. El 11 de febrero de 2004, con base en lo anterior, la Subdirección de Gestión Urbanística del DAPD, amparada en el artículo 10 del decreto 1141 de 2000, emitió concepto favorable de la fase del esquema básico de la propuesta de plan parcial, según radicado 2-2004-02234. El 11 de marzo de 2004 fue presentado el anteproyecto del plan parcial por segunda vez, ante el Comité Técnico de Planes Parciales, según consta en el acta No. 32 de la misma fecha.

[10] Proyectos de urbanismo y proyectos de urbanización no son expresiones sinónimas, la primera se refiere a proyectos de parcelación de uno o más predios y la construcción de vivienda, con calles pavimentadas, andenes y servicios públicos domiciliarios, en tanto que la segunda es una expresión mucho más amplia consistente en el conjunto de conocimientos relativos a la creación, desarrollo, reforma y progreso de las poblaciones según conviene a as necesidades de la vida humana ver 2003 Consejo de Estado Radicación 1502 de 2003 Sala de Consulta y Servicio Civil.

[11] Particular propietario del suelo y quien respondió a la convocatoria hecha por el Distrito.

[12] Tan controlable y advertido es, que el decreto en si lo contempla.

[13] Corte Constitucional Colombia Sentencia T-472/09.

[14] Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.

[15] Ver comentario de la administración distrital.

From → VIS

One Comment
  1. juan cuellar permalink

    Buen articulo,
    Interpreto el “desamparo normativo”, como la falta de garantías que tenemos los ciudadanos, a el cumplimiento de la ley.
    Desafortunadamente este no es un caso aislado. Casos como este, en el que la voluntad de un gobernante o de un juez, PRIMA sobre las mismas normas y los DERECHOS de los ciudadanos.

    Me queda por anotar que aparte de este hecho, nos queda el otro problema, el hecho que juan manuel santos y german vargas, estén despilfarrando los recursos de la nación con ese dichoso programa de vivienda gratis, cuyo mayor beneficiado es luis carlos sarmiento

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